Una nueva Orden Ministerial emitida por el Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos prohíbe a miembros del Gobierno, altos funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado ejercer funciones pastorales en el país. La medida busca evitar conflictos de intereses, proteger la libertad religiosa y reforzar el orden constitucional.
En una reunión con líderes religiosos celebrada este jueves, 4 de diciembre de 2025, el Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos, a través de su titular Reginaldo Biyogo, hizo pública la Orden Ministerial Nº 2/2025, que prohíbe a todas las confesiones religiosas del país ser dirigidas por funcionarios públicos, militares o miembros de los órganos constitucionales del Estado.
La medida, basada en la Ley Fundamental y la Ley Nº 4/1991 sobre la libertad religiosa, se justifica en la creciente preocupación por el conflicto de intereses entre el poder político y la autoridad espiritual. El gobierno considera que esta dualidad de funciones ha derivado en un uso indebido de la autoridad pública dentro del ámbito religioso, provocando desórdenes, impunidad e incluso desvíos doctrinales.
Durante la reunión, se denunció que algunos altos cargos usan las iglesias como plataformas de poder, escapando del control institucional y evitando la fiscalización legal. “No podemos tolerar que los mismos que ostentan el poder político también controlen el espiritual”, indicó el ministro, señalando que esta acumulación es un retroceso que recuerda prácticas medievales, donde el poder eclesiástico y político se concentraban en las mismas manos.
La disposición también establece que quienes deseen liderar una confesión religiosa deberán renunciar a su cargo público con al menos 30 días de antelación. Las iglesias que incumplan esta orden podrán ser sancionadas o incluso cerradas, conforme a la ley vigente.
Más allá de la norma, el Ministerio advirtió de los riesgos sociales que genera esta situación: desde manipulaciones doctrinales hasta impunidad judicial en casos donde pastores son, al mismo tiempo, jueces, generales o ministros. “Si se persigue a un delincuente y éste pertenece a la iglesia que diriges,siendo tú un militar también, ¿cómo procedes?”, cuestionó el ministro sensibilizando así a los presentes.
El gobierno también subrayó que la libertad religiosa tiene límites cuando entra en conflicto con el orden público, la moral o la justicia. La proliferación de iglesias lideradas por militares o políticos ha generado conflictos internos, disputas de poder y pérdida de credibilidad dentro del movimiento eclesiástico nacional.
Esta decisión ha generado debate, pero para el Ministerio es un paso necesario para garantizar la independencia institucional, evitar abusos de poder y rescatar la integridad de la función pastoral como una vocación espiritual, no un vehículo político.
La medida ya está en vigor y se espera que las confesiones religiosas se ajusten a esta normativa en los próximos días, marcando un antes y un después en la relación entre el poder civil y el religioso en nuestro país.
Al término de la reunión, el secretario de Estado, Namabal Bilingung Ngung, informaba a a los presentes, que se organizará un encuentro de fin de año que contará con la participación de todas las confesiones religiosas.
