A última hora del miércoles, 14 de enero de 2026, el Primer Ministro del Gobierno, Manuel Osa Nsue, mantuvo una reunión de alto nivel con responsables de varios ministerios y líderes religiosos, en la que se acordó conceder un plazo de un mes a las iglesias que operan en el país para presentar la documentación exigida por la ley y así regularizar su actividad de culto.
La reunión, presidida por el Primer Ministro Manuel Osa Nsue, se enmarca dentro de la política del Gobierno orientada a garantizar el orden institucional, el respeto a la legalidad y la convivencia pacífica entre las distintas confesiones religiosas que ejercen su labor en el territorio nacional.
Durante el encuentro, en el que participaron representantes de diferentes ministerios implicados en asuntos de gobernanza, justicia, interior y asuntos sociales, se abordó la necesidad de que todas las iglesias y comunidades religiosas cuenten con la documentación legal correspondiente que les autorice a ejercer la actividad de culto de manera oficial y reconocida por el Estado.
El Ejecutivo subrayó que la medida no pretende limitar la libertad religiosa, sino organizar y regular el ejercicio del culto conforme a las leyes vigentes, evitando situaciones de irregularidad que puedan derivar en conflictos sociales, abusos o prácticas no autorizadas.
En este sentido, el Gobierno ha establecido un plazo improrrogable de un mes para que las iglesias que aún no estén regularizadas presenten los documentos necesarios ante las instancias competentes. Entre estos requisitos se incluyen el registro oficial, estatutos internos y la acreditación de sus responsables legales.
Manuel Osa Nsue hizo un llamado a la colaboración y responsabilidad de los líderes religiosos, destacando el papel fundamental que las iglesias desempeñan en la cohesión social, la educación en valores y el fortalecimiento del tejido comunitario.
Asimismo, se advirtió que, una vez concluido el plazo concedido, se procederá a aplicar las medidas previstas por la ley a aquellas entidades que no hayan cumplido con el proceso de regularización.
Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con un Estado de derecho, donde la libertad de culto se ejerza dentro de un marco legal claro, transparente y respetuoso con el interés general.
